Paralizar Desahucios.
La Unión Europea obliga a España a paralizar desahucios.
Bruselas da dos meses a España para que adapte su ley sobre desahucios a Europa.
Resoluciones firmes: La Unión Europea exige a España que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria.
La Comisión Europea (CE) vuelve a sacar los colores a España por la ley que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria, los popularmente conocidos como desahucios. La CE ha abierto un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.
Paralizar desahucios.
El Ejecutivo comunitario ha enviado a España una carta de emplazamiento -primera fase del procedimiento de infracción comunitario- y ha amenazado con enviarle un dictamen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses, según un comunicado de la institución.
Aunque la Unión Europea ha valorado las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, después de que el tribunal de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas, señaló que le siguen preocupando “algunas cuestiones”.
El TJUE dictaminó que los jueces podían paralizar todos los desahucios en los que considerasen que las hipotecas contenían cláusulas abusivas.
Hasta el momento, la legislación española no permitía al juez encargado de un proceso de ejecución hipotecaria paralizarlo si consideraba que el contrato contenía cláusulas abusivas, ya que le impedía entrar a valorar este tipo de cuestiones.
Con esta obligación de Europa, una vez iniciado el procedimiento, el juez podrá ordenar la suspensión de la ejecución o subasta forzosa del inmueble y, por tanto, impedir que el deudor pierda la vivienda.
El Ejecutivo comunitario precisa en su misiva que su objetivo es “garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas”. La directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.
Paralizar desahucios.
Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.
Según Amnistía Internacional -en base a datos del Banco de España-, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron en España unas 100 mil ejecuciones hipotecarias. Es decir, cerca de 100.000 familias perdieron su vivienda habitual.
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