La recuperación económica, tal y como nos transmiten constantemente los medios de comunicación, es una realidad que poco a poco va asentándose en nuestro país.

Según los datos macroeconómicos parece que la situación va mejorando, pero tanto personas físicas como jurídicas siguen teniendo los mismos problemas para llegar a fin de mes.

Las deudas contraídas e impagadas son el problema principal que la crisis ha dejado tras de sí.

La gente está desesperada por perder todo lo que les queda, viven con pánico ante la posibilidad de que les embarguen aquello que tanto les ha costado conseguir.

Pero existe una salida a esta situación: la declaración de insolvencia de personas físicas. Este es el último de los mecanismos que recomendamos porque abre un procedimiento largo, pero que a veces es la única y, sobretodo, mejor solución.

¿Qué es la declaración de insolvencia de personas físicas?

Declararse insolvente significa poner en manifiesto a los acreedores la imposibilidad de pagar las deudas contraídas.

¿Qué situaciones se reconocen legalmente como una insolvencia? Una persona o empresa que se declara insolvente no va a sus acreedores y les dice que no puede pagar. Debe demostrarse que no es posible pagar. Se reconocen dos situaciones: que el pasivo (deudas) supere el activo (bienes); o la imposibilidad de disponer de liquidez necesaria (por tener inversiones, por ejemplo), pero sí activo suficiente para cubrir el pasivo.

Dicha declaración, como anteriormente hemos mencionado, es la última opción después de haber intentado una negociación para poder pagar las deudas según tu situación.

Aún así, ofrece ventajas para las personas que realmente no pueden hacer frente a sus deudas, siendo la fase previa para que se pueda acoger a la Ley de Segunda Oportunidad, que mediante el procedimiento concursal llevado ante juicio, la persona puede ver sus deudas canceladas definitivamente, sin tener que pedir más financiación externa y endeudarse aún más, siendo al fin y al cabo, un pez que se muerde la cola.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad supone un salvavidas para los ciudadanos particulares y profesionales por cuenta propia (autónomos) que hayan fracasado en su actividad empresarial y precisan de una alternativa de financiación para superar sus deudas acumuladas.

Hasta ahora debían afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro y sólo eran las empresas las que disponían de un vehículo legal claro para exonerar sus deudas.

Antes de acogerse a la ley de la segunda oportunidad para particulares, el deudor debe procurar conseguir un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, que deberá ser controlado por un juez.

También puede pedir que un mediador concursal partícipe en el proceso, con el objetivo de garantizar el éxito de la negociación.

Si el juez considera que el particular deudor no tiene patrimonio ni activos para acabar con sus deudas – y siempre que haya actuado de buena fe -, puede exonerarle de sus deudas, es decir, liberarlo del pago.

Por ‘buena fe’ se entiende que se haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial conociendo la situación real de insolvencia, la emisión de informes y requerimientos del juez…

Así como por culpable o de mala fe, se entienden los impedimentos que el deudor pone a las ejecuciones impulsadas por orden judicial sin recurso de oposición, maniobras de simulación de una situación patrimonial ficticia o el incumplimiento de cualquier orden del juez.

¿Cómo hago la declaración de insolvencia de personas físicas?

El proceso requiere de un trámite jurídico ante los Tribunales, no basta con declarar a los acreedores personalmente que no se puede hacer frente a las deudas

El primer paso a seguir, es acudir a un abogado y solicitar representación letrada, contanto por supuesto, con un procurador.

Aunque estos procedimientos son costosos para quienes tienen poca liquidez, contar con abogados que entiendan tu situación y te cobren según tus medios disponibles y de lo que vas a disponer una vez finalizado el procedimiento, es esencial.

El abogado presentará la solicitud de insolvencia al Juzgado que competa, y éste deberá resolver la declaración de insolvencia.

Además, se estudiará tu patrimonio disponible, los gastos, deudas e ingresos, para conocer la situación económica del deudor.

Una vez teniendo toda la información en mano, se podrá declarar al deudor o empresa deudora insolvente, y se empezará con el procedimiento judicial para poder cancelar las deudas que no se puedan pagar.

¿Y para la insolvencia de empresas?

Si tu negocio se encuentra en fase crítica, deberías plantearte la opción de cerrar la empresa por deudas que difícilmente podrás hacer frente.

Lo que no es recomendable es cerrar la empresa sin tener en cuenta las deudas, éstas perduran y no mueren con la empresa; Si no se hace frente a estas, los acreedores pueden ir en contra del patrimonio personal del deudor.

Así que tanto la liquidación ordenada como el concurso voluntario, son las dos maneras óptimas de manejar una situación de insolvencia y deudas teniendo una empresa.

La fase previa, el pre concurso, se compone por la negociación con los acreedores, un posible acuerdo antes de solicitar el concurso voluntario. Si se hace bien, puede conseguir la reducción de la deuda y evitar así los gastos judiciales, sino ya entraríamos en terreno de intervención judicial, y se solicitaría necesariamente concurso voluntario para liquidar la empresa con deudas.

Siempre es recomendable contar con el asesoramiento legal de un abogado experto, tanto en la fase prejudicial, el preconcurso, como en la fase judicial.

Una vez resuelto el concurso, el negocio se puede salvar o no, pero lo más habitual es que la resolución del mismo acabe con el cierre de la empresa. 

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Explícanos su situación, ya seas empresa o particular. Estudiaremos su caso y le ayudaremos durante todo el procedimiento.

Somos una empresa española, formada por economistas, abogados, corredores de seguros y expertos analistas financieros, con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento asegurador, bancario y empresarial a diferentes corporaciones, pymes y particulares.

Somos uno de los precursores en la acogida de personas físicas a la Ley de la Segunda Oportunidad.

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